Un nuevo escándalo ha surgido alrededor del Gobierno de Gustavo Petro, relacionado con la financiación de campaña por parte de una empresa de criptoactivos llamada Daily Cop. La empresa, que se dedica a la venta de criptoactivos desde la pandemia, está siendo investigada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntamente financiar viajes del mandatario antes de su elección, aunque no se financió directamente la campaña.
La controversia surge en un momento en que la falta de regulación de los criptoactivos en Colombia complica la investigación, ya que aunque no hay normas específicas que rijan estos activos, las actividades de captación ilegal y lavado de activos son consideradas delitos en el país. Este escándalo podría tener un impacto significativo en la percepción pública del gobierno y sus políticas de transparencia y ética.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, jugaron roles clave en asegurar el apoyo necesario para la inclusión del artículo controversial en la reforma pensional, en un esfuerzo por apaciguar las preocupaciones de los senadores Richard Fuelantala y Paulino Riascos sobre la financiación y apoyo de viajes por parte de Daily Cop.
A pesar de los esfuerzos de la empresa por aclarar su posición, el presidente Petro ha negado cualquier financiación de su campaña por parte de Daily Cop, comentando en su red social que las acusaciones son risibles y que no ha adquirido bienes significativos como aviones o tierras.
La falta de una regulación clara sobre criptoactivos es un problema que trasciende este caso específico, afectando la seguridad económica y la claridad legal en Colombia. Expertos como Camilo Gantiva y Sonia Marina Castro Mora subrayan la necesidad de definir con precisión los criptoactivos y sus actividades relacionadas para cerrar el vacío legal existente y proteger tanto a consumidores como a inversores.
El Consejo Nacional Electoral ha decidido incluir esta financiación en la investigación en curso, lo que subraya la gravedad de las acusaciones y la necesidad de transparencia en las campañas políticas. La inclusión de este caso en la investigación puede arrojar más luz sobre las prácticas de financiación y las implicaciones legales de usar criptoactivos en campañas políticas en Colombia.