En una movilización significativa por los derechos laborales, la Red de Veedurías de Colombia, liderada por Pablo Bustos, ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio del Trabajo y la Unidad de Gestión Pensional Parafiscal contra la multinacional Quala. Esta acción legal busca la formalización de más de 6,000 vendedores ambulantes que distribuyen productos como Vive 100 y BonIce en condiciones extremadamente precarias.
Según el informe presentado, muchos de estos trabajadores son adultos mayores, quienes se ven obligados a laborar en las calles y andenes, enfrentando no solo el desgaste físico diario sino también las severas inclemencias del clima. La denuncia resalta que estos vendedores operan sin ningún tipo de cobertura de seguridad social, lo cual los expone a riesgos significativos sin respaldo de la empresa para la que generan considerables ingresos.
Yansen Estupiñán, quien ha tomado un papel activo como vocero de los comerciantes afectados, critica duramente a Quala por aprovechar los espacios públicos para sus operaciones de venta, tales como zonas concurridas y semáforos en ciudades como San Victorino, sin pagar arriendo ni asumir costos de publicidad. Estos vendedores, además, son obligados a portar y exhibir material publicitario sin recibir compensación alguna, funcionando como «pendones humanos», en palabras de Estupiñán.
Desde una perspectiva legal, Jorge Peralta, director Jurídico de Peralta y Asociados Abogados, define la situación como una clara vulneración de los derechos laborales fundamentales. Peralta explica que estos vendedores están sujetos a jornadas laborales extensas sin reconocimiento de horas extras, pagos por debajo del salario mínimo, y condiciones de trabajo que ponen en peligro su salud física y emocional.
Por otro lado, Carlos Adolfo Prieto Monroy, profesor del Observatorio de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, apunta a que aunque la situación es crítica, técnicamente no se establece una relación laboral formal o de subordinación jurídica. Esto complica la aplicación directa de normativas laborales y representa un desafío mayor en la protección de estos trabajadores. Prieto sugiere que se podrían buscar soluciones similares a las alcanzadas entre Rappi y sus rappitenderos, donde la concertación ha permitido reconocer y mejorar las condiciones laborales dentro de un marco de relación económica informal.
Finalmente, en respuesta a la denuncia, se espera que el Ministerio del Trabajo actúe para facilitar un diálogo entre Quala y los vendedores, buscando una solución que mejore las condiciones de trabajo y garantice la seguridad social de los afectados. El caso de los vendedores de Vive 100 y BonIce es un claro recordatorio de la urgente necesidad de abordar la informalidad y la precariedad laboral en sectores vulnerables de la economía colombiana. La comunidad espera que este caso sirva de catalizador para cambios significativos en la protección de los derechos de trabajadores en situaciones similares.