A pesar de que el Gobierno Nacional logró descongelar el precio del galón de diésel, esquivando la crisis económica que amenazaba con ser provocada por un bloqueo de camioneros, el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc) de casi $11 billones sigue siendo una carga significativa para los contribuyentes colombianos.
El Fepc, creado en 2007 mediante la ley 1151 para equilibrar los precios internos de los combustibles en función de la diferencia entre el costo del productor local y el precio de paridad, se ha convertido en un problema fiscal en lugar de una solución eficaz. Aunque el déficit del fondo se redujo de $36 billones en 2022 a $20,5 billones el año pasado, sigue siendo necesario realizar ajustes adicionales.
Recientemente, la Contraloría General de la República instó al Gobierno a acelerar el pago a Ecopetrol para saldar la deuda del Fepc, que representa más de la mitad de las cuentas por cobrar a corto plazo de la empresa petrolera. Esta situación ha puesto en peligro la estabilidad financiera de Ecopetrol, ya que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas deben aumentar el precio del diésel para aliviar la presión sobre las finanzas de la compañía estatal.
En 2022, el saldo del Fepc alcanzó los $36,7 billones, acumulado por la discrepancia entre los precios internacionales y las tarifas reguladas. El Ministerio de Hacienda giró solo $2,8 billones a Ecopetrol para compensar los déficits de los trimestres segundo, tercero y cuarto de 2022, lo que no ha sido suficiente para estabilizar las finanzas de la empresa.
En agosto, se propuso un ajuste de $1.904 en el precio del diésel, que, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, habría reducido el déficit en $1,6 billones. Sin embargo, solo se logró un incremento de $800, lo que deja un déficit persistente tanto para los contribuyentes como para las finanzas de Ecopetrol.
El ministro Ricardo Bonilla mencionó que el año pasado se pagaron más de $22 billones para cubrir la deuda del Fepc, y este año se destinarán $20 billones para cubrir el déficit de 2023. En 2025, se deberán pagar $10 billones del déficit actual, pero no se sabe de dónde provendrán estos fondos, ya que los consumidores de diésel y los camioneros no han mostrado flexibilidad en apoyar las finanzas públicas.
La solución a largo plazo requiere que el Gobierno replantee su estrategia, abandonando la política de evitar la búsqueda de petróleo y fomentando la exportación de crudo para mejorar la economía y recuperar el crecimiento perdido. Con el ajuste de $800, solo se ha abordado el 42% del déficit proyectado, dejando el problema sin resolver y anunciando la necesidad de una reforma tributaria para enfrentar la situación.