La Superintendencia de Industria y Comercio impuso sanciones a un total de 20 empresas y 26 individuos por participar en prácticas ilegales que les otorgaron ventajas competitivas indebidas en 33 procesos de contratación estatal ocurridos entre 2014 y 2020. Las investigaciones revelaron que estas prácticas constituyeron colusión, y las multas impuestas ascienden a alrededor de $28.600 millones.
Para llegar a esta determinación, la Superindustria obtuvo evidencia a través del decomiso de equipos electrónicos y dispositivos móviles, donde se encontraron conversaciones entre los implicados (tanto empresas como individuos) y funcionarios de la Superintendencia de Transporte y del Ministerio de Transporte. Estas conversaciones demostraron que se facilitó el trámite preferencial de documentos necesarios para participar en los procesos de contratación estatal, en detrimento de otras empresas que no recibieron el mismo trato.
La entidad emitió la Resolución 11458 de 2024, reconociendo que estas prácticas constituyen una amenaza al patrimonio público al afectar la integridad de los procesos de contratación. Se recolectaron pruebas que confirmaron la selección particular de estas empresas para prestar servicios a diversas entidades estatales.
Durante la investigación preliminar, la Superintendencia recopiló pruebas de equipos electrónicos, teléfonos móviles y correos electrónicos que evidenciaron la conducta anticompetitiva. Se identificaron diferentes acciones realizadas por los implicados, como manipulación de presupuestos, reparto selectivo de procesos, falta de competencia entre los participantes, entre otras.
Las multas impuestas tuvieron en cuenta la reincidencia de algunos de los investigados en conductas anticompetitivas. La Superintendencia destacó que las comunicaciones a través de chats fueron utilizadas para coordinar estas acciones, y los sancionados tienen la posibilidad de presentar recursos de reposición.